Empleado de planta permanente de la Fiscalía de Estado, tras el video viral que lo involucra fue separado del cargo sin goce de haberes por 30 días.
La Fiscalía de Estado de Chubut inició un sumario administrativo contra el abogado Martín Castro, que forma parte de su planta permanente y en paraleló se desempeñó como defensor privado.
Irene: «Yo no sé si fue para él, para la fiscal o para otra persona. A mí me pidieron 12 millones para que mi hijo quedara con un año, y yo los pagué
“Yo pagué 12 millones de pesos”
La mujer que aparece en el video, identificada como Irene, confirmó que la grabación es real y aseguró que accedió a entregar el dinero luego de que el abogado le planteara que su hijo, Pablo “El Chavo” Ferreyra, enfrentaba una posible condena de cuatro años de prisión por un hecho ocurrido en Trelew en enero de 2025. Según su testimonio, Castro le explicó que existía la posibilidad de que la pena se redujera a un año si ella reunía los 12 millones de pesos: “Nos dijo que la fiscal iba a pedir cuatro años, pero que podía quedar en uno si yo aportaba el dinero”.
Irene sostuvo que aceptó “por desesperación” y aclaró que el pago no tenía relación con honorarios profesionales. De acuerdo a su versión, el abogado ya había cobrado previamente unos 11 mil dólares por su trabajo en la causa.
La sanción y los fundamentos
La medida disciplinaria en su contra hace referencia a la «transgresión de normas legales y reglamentarias» en que habría incurrido Castro, según consignó Diario Jornada.
El expediente cita la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública, que obliga a los agentes a mantener «una conducta correcta, digna y decorosa, acorde con su jerarquía y función, evitando conductas que puedan socavar la confianza del público en la integridad del funcionario y de la institución a la que sirve».
También se invoca el Convenio Colectivo de Trabajo del personal de la Fiscalía, que exige «observar una conducta decorosa, compatible con la dignidad de la función de control».
La resolución señala que se tomó conocimiento de «hechos y circunstancias que, prima facie, podrían configurar conductas incompatibles con los deberes de ética, probidad, lealtad y rectitud que deben regir el ejercicio de la función pública».
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