La causa se inició por una denuncia del jefe comunal Gustavo Sastre por un presunto pedido de dinero bajo de manera coactiva. El hecho ocurre días después del episodio que tuvo como víctima a su hermano, el exvicegobernador Ricardo Sastre
La Justicia de Puerto Madryn avanzó con allanamientos en el marco de una causa por presunta extorsión que tiene como denunciante al intendente Gustavo Sastre. Las medidas alcanzaron a un ex integrante de la Policía Federal y a un empresario del sector pesquero, señalados en la investigación como posibles responsables de un intento de presión económica.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la denuncia presentada por el jefe comunal da cuenta de un pedido de dinero acompañado de la amenaza de difundir denuncias anónimas en su contra. A partir de esa situación, Sastre impulsó tanto una presentación administrativa —que derivó en la desvinculación del efectivo de la fuerza— como una denuncia penal que activó la intervención judicial.
Los procedimientos fueron autorizados por la jueza María Inés Bartels y se realizaron el miércoles por la tarde. La investigación está a cargo de la fiscal Ivana Berazategui y se tramita bajo la calificación provisoria de extorsión, mientras se analizan los elementos secuestrados en los allanamientos.
El avance de esta causa se produce en un contexto de alta tensión en el ámbito político y judicial local, luego del episodio ocurrido días atrás que tuvo como víctima al exvicegobernador Ricardo Sastre, hermano del intendente.
En ese caso, un hombre fue detenido tras un incidente que incluyó amenazas con un arma de fuego y daños a un vehículo, en un hecho que comenzó en un predio privado y se extendió a la vía pública. La investigación derivó en la imputación por amenazas agravadas y daños, con una expectativa de pena de hasta cuatro años.
Durante la audiencia de control de detención, la jueza interviniente dispuso 20 días de prisión domiciliaria para el acusado, al considerar que la medida resulta necesaria para evitar interferencias en la investigación. La resolución también fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la causa.
Con ambos episodios en curso, la Justicia analiza de manera paralela situaciones que involucran a integrantes de una misma familia con fuerte peso político en la ciudad. Por el momento, no hay indicios de conexión directa entre los hechos, aunque el contexto refuerza el clima de conflictividad que atraviesa Puerto Madryn en los últimos días.
