La Justicia desestimó la denuncia por presunta coima contra Gonzalo Carpintero.
Una jueza de Trelew anuló los procedimientos en la investigación contra el exministro y ordenó devolver los celulares incautados. Sostuvo que el denunciante no es funcionario público y que no se configura el delito de cohecho.
La jueza de Trelew, Mirta Moreno, declaró nulos los allanamientos, secuestros y requisas realizados en la causa iniciada tras la denuncia del secretario general de ATE en la ciudad, José Severiche. El dirigente había acusado al exministro Gonzalo Carpintero de ofrecerle una coima para utilizar al sindicato y generar un conflicto que impidiera el inicio de clases en Chubut.
Con la resolución judicial también se ordenó devolver los teléfonos celulares incautados durante la investigación, tanto a Carpintero como a Ricardo Traversini Loza, a quien Severiche había señalado como intermediario del supuesto ofrecimiento.
La decisión se tomó luego de una audiencia en la que los defensores Federico Ruffa y Alfredo Pérez Galimberti cuestionaron la imputación por cohecho impulsada por la jefa de la Unidad Anticorrupción, Julieta Gamarra. Argumentaron que ese delito requiere la participación de un funcionario público.
La jueza coincidió con ese planteo y señaló que la Fiscalía no explicó por qué Severiche debía ser considerado funcionario público. Aunque pertenece a la planta permanente del Ministerio de Familia y Promoción Social, actualmente se encuentra con licencia gremial.
En su resolución, Moreno recordó que para que exista cohecho la dádiva debe dirigirse a un funcionario público a cambio de realizar u omitir un acto propio de sus funciones. En este caso, sostuvo, Severiche no tiene facultades sobre el calendario escolar ni sobre la apertura de establecimientos educativos.
Por ese motivo concluyó que su actividad sindical no puede equipararse al ejercicio de una función pública y declaró la nulidad de los procedimientos realizados en la causa.
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