El ENARGAS abrió una consulta pública que anticipa aumentos en el transporte del gas y pone en foco el impacto directo en las facturas residenciales.
La posibilidad de un nuevo aumento en el gas empieza a tomar forma concreta y golpea con mayor fuerza a los usuarios del sur del país. La apertura de una consulta pública por parte del ENARGAS no solo habilita el debate técnico sino que anticipa un cambio que podría reflejarse rápidamente en las facturas. El impacto, según lo planteado, no será uniforme y afectará especialmente a la Patagonia.
El eje de la medida está puesto en el transporte del gas, un componente clave dentro del precio final que pagan los usuarios. Este segmento no suele ser visible en la factura, pero tiene un peso determinante en el costo total del servicio. En algunos casos, puede representar hasta cerca de la mitad del valor final, lo que explica por qué cualquier modificación repercute de manera directa en el bolsillo.
La iniciativa quedó formalizada a través de la resolución 346/2026 y se encuadra dentro de la emergencia energética vigente. El Gobierno nacional decidió extender ese esquema hasta fines de 2027, lo que le permite avanzar con revisiones y ajustes en distintos segmentos del sistema. En ese marco, el rediseño tarifario vuelve a ocupar un lugar central.
Uno de los puntos más sensibles es la propuesta de elevar los factores de carga para determinados usuarios residenciales. Para quienes reciben el servicio de Camuzzi Gas del Sur, el incremento podría alcanzar el 45%, una cifra que marca una diferencia con otras regiones del país. El mismo criterio se aplicaría en el norte para usuarios de Naturgy NOA.
En contraste, el resto de las distribuidoras mantendría un esquema cercano al 35%, lo que introduce una brecha regional en el impacto de las tarifas. Desde el organismo regulador explican que la medida apunta a corregir distorsiones dentro del sistema. Sin embargo, en la práctica, esa corrección implica aumentos más intensos en zonas con condiciones climáticas más exigentes.
El proceso de consulta pública tendrá una duración de 15 días y se realizará de manera virtual, lo que permite la participación de usuarios y actores del sector. Durante ese período se podrán presentar opiniones y observaciones sobre los cambios propuestos. Las definiciones finales se conocerían antes del 1° de mayo, fecha prevista para la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios.
Más allá del porcentaje puntual, el cambio forma parte de una revisión más amplia del sistema gasífero. El ENARGAS analiza la reasignación de capacidades de transporte, la actualización del gas retenido y la revisión de contratos vigentes. Estas modificaciones buscan reordenar el funcionamiento del sistema, aunque también implican una reconfiguración de costos.
El esquema tarifario argentino contempla un mecanismo de traslado directo de costos, conocido como “pass through”. Esto significa que cualquier variación en los componentes del sistema se traslada automáticamente al usuario final. Las distribuidoras no absorben esas diferencias, por lo que el impacto recae de lleno en las facturas residenciales.
El contexto económico agrava la situación y potencia el efecto de estos ajustes. En los últimos meses, los servicios públicos registraron aumentos por encima de la inflación general, lo que incrementa la presión sobre los ingresos familiares. La suma de tarifas, alquileres y transporte empieza a ocupar una porción cada vez mayor del presupuesto.
De acuerdo a estimaciones privadas, la canasta de servicios de una familia tipo ya muestra incrementos significativos en lo que va del año. Este escenario se combina con subas previas en luz y transporte, generando un efecto acumulativo que se siente con más intensidad en la clase media. La energía, en ese contexto, vuelve a ser uno de los principales focos de gasto.
El rediseño impulsado por el Gobierno también incluye nuevas condiciones contractuales para las empresas del sector. Entre ellas, se analiza exigir garantías de transporte firme por períodos prolongados y revisar costos vinculados a activos estatales. Estas definiciones forman parte del debate técnico, aunque sus consecuencias terminan impactando en los usuarios.
Las críticas a la política tarifaria reaparecen en este escenario, con cuestionamientos sobre la velocidad de los aumentos y su efecto en el poder adquisitivo. Mientras el Ejecutivo sostiene que busca normalizar el sistema energético, distintos sectores advierten que el ajuste no se traduce en mejoras visibles del servicio. La discusión, por ahora, sigue abierta y con definiciones pendientes.
Acerca del autor
