Familias que ocupan el hotel La Aldea en El Chaltén solicitaron a la Justicia suspender el desalojo previsto para el 30 de abril, argumentando que no hubo usurpación o que el delito prescribió, en un contexto de fuerte crisis habitacional.
A poco más de un mes de la fecha límite fijada por la Justicia, crece la incertidumbre entre las familias que ocupan el hotel La Aldea en El Chaltén, quienes solicitaron formalmente la suspensión del desalojo previsto para el 30 de abril.
La medida fue ordenada por el juez de primera instancia de El Calafate, Carlos Albarracín, en el marco de una causa por presunta usurpación impulsada por los representantes legales de la sociedad propietaria del inmueble, vinculado a la familia Kirchner.
El magistrado había otorgado un plazo de varios meses para que los ocupantes pudieran finalizar la temporada laboral y buscar alternativas habitacionales. Sin embargo, la falta de soluciones concretas en una localidad atravesada por la escasez de viviendas mantiene en vilo a más de un centenar de personas.
La estrategia de la defensa y el planteo de prescripción
En las últimas semanas, trece familias -que reúnen a unas 105 personas, entre ellas 30 menores de edad- comenzaron a ser representadas por una abogada particular, Stefanía Mac Donald, quien presentó diversos escritos ante el juzgado.
La letrada sostiene que no se configuran los elementos del delito de usurpación. «Las primeras familias ingresaron con acuerdo de encargados de la obra, ya que algunos eran trabajadores del lugar», argumentó, al tiempo que explicó que luego otras personas se sumaron «sin mediar violencia ni engaño», condiciones necesarias para tipificar el delito.
En ese sentido, la defensa remarcó que, incluso si la Justicia considerara que existió usurpación, el caso debería declararse prescripto. Esto se fundamenta en que la pena máxima prevista para ese delito es de tres años, mientras que la ocupación del inmueble lleva un tiempo mayor.
Uno de los escritos presentados solicita expresamente que se suspenda el desalojo hasta tanto se resuelva esta cuestión de fondo, que ahora deberá ser analizada por la fiscal subrogante Andrea Stiep antes de que el juez tome una decisión.
Vulnerabilidad social y falta de alternativas
Más allá del aspecto legal, el planteo de las familias pone el foco en la situación social de quienes habitan el lugar. Según detallaron, entre los ocupantes hay personas con discapacidad, pacientes con tratamientos oncológicos y trabajadores que no cuentan con otra alternativa habitacional.
«Muchos no tienen dónde vivir y la orden de desalojo no contempla una contención social», señalaron, en un contexto donde El Chaltén enfrenta desde hace años una emergencia habitacional marcada por la falta de terrenos y viviendas accesibles.
«Muchos no tienen dónde vivir y la orden de desalojo no contempla una contención social», señalaron, en un contexto donde El Chaltén enfrenta desde hace años una emergencia habitacional marcada por la falta de terrenos y viviendas accesibles.
El hotel La Aldea permanece cerrado desde 2016, cuando se interrumpió una obra de ampliación tras su adquisición. Desde entonces, el edificio quedó en estado de abandono hasta ser ocupado progresivamente por familias que buscaban una solución habitacional.
Actualmente, el inmueble también se encuentra bajo embargo judicial en el marco de la causa «Los Sauces», lo que suma complejidad al conflicto.
Mientras se aguarda la resolución judicial, el futuro de las familias sigue siendo incierto, en un escenario donde se entrecruzan la legalidad del proceso, la crisis social y la falta de respuestas estructurales.
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