Más de 70.000 personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas en Diputados, pero el oficialismo limitó el debate a solo dos días, dejando sin voz a la mayoría de los inscriptos. Ante ese escenario, se realizará una audiencia comunitaria este jueves en la sede en la sede del CRUB.
El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares
Comunidades originarias, partidos políticos y organizaciones ambientalistas1 invitan a la iniciativa en defensa de los glaciares
El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, impulsado por La Libertad Avanza para facilitar la explotación minera a lo largo de la cordillera, tuvo una gran resistencia. Más de 70.000 personas de todo el país se inscribieron para hablar en las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados, con inscripción abierta hasta el viernes 20 de marzo. En ese contexto, Bariloche decidió tomar la iniciativa. Para este jueves 19 de marzo a las 17:00 horas, en el auditorio del CRUB de la Universidad Nacional del Comahue, se convocó a una audiencia pública local destinada a debatir los alcances de la reforma.
La iniciativa busca garantizar que vecinos, organizaciones ambientales, comunidades originarias y representantes políticos y sociales de la región puedan expresarse con tiempo y sin restricciones, algo que el esquema nacional hace imposible. Las conclusiones del encuentro serán elevadas al Congreso como insumo para el debate legislativo. Ya hay más de 50 inscriptos, entre organizaciones ambientalistas, comunidades, sindicatos, partidos políticos y vecinos, y se espera superar los 60 expositores.
La polémica gira en torno al valor estratégico de los glaciares y las zonas periglaciares. Las organizaciones remarcan que estos espacios son fundamentales como reservas de agua dulce y reguladores naturales del ecosistema.
En cuanto a la audiencia nacional, el problema es que los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Ambiente, Nicolás Mayoraz y José Peluc, decidieron comprimir en apenas dos jornadas un proceso que por reglamento debería extenderse durante varios meses. Con cinco minutos por expositor, solo podrán hablar los primeros inscriptos de cada provincia. El resto deberá enviar un texto o video como anexo, lo que excluye efectivamente a más de 69.000 personas. Menos del 0,5% de quienes quisieron participar tendrá la palabra.
La oposición y los movimientos ambientalistas denuncian que esta maniobra viola el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso a la participación en decisiones ambientales, y ya amenazan con judicializar la norma.
La reforma apunta a modificar una ley que desde 2010 protege los glaciares y las áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua, consideradas vitales para la regulación hídrica y la biodiversidad de la Patagonia. Sus detractores advierten que los cambios allanarían el camino para la minería en zonas actualmente resguardadas, con consecuencias potencialmente irreversibles para los ecosistemas de montaña. La magnitud de la respuesta ciudadana sugiere que el Gobierno encontrará en este debate uno de los mayores focos de tensión de su agenda legislativa en lo que va del año. (ANB)
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