La provincia promulgó la ley que aprueba el acta firmada con Nación y las operadoras: las empresas que exporten crudo convencional con beneficios fiscales deberán destinar los ingresos adicionales a inversiones en áreas maduras
La provincia de Chubut oficializó el acuerdo petrolero que vincula la reducción de derechos de exportación al incremento de inversiones en los yacimientos convencionales. La medida quedó formalizada con la promulgación de la Ley XVII N°164, publicada este 9 de marzo en el Boletín Oficial provincial.
La norma aprueba en todos sus términos el Acta Acuerdo denominada “Derechos de Exportación y Fomento a las Inversiones de Petróleo Convencional”, firmada el 18 de noviembre de 2025 entre el Ministerio de Economía de la Nación, la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, el Gobierno de Chubut y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.
El acuerdo establece el marco de implementación en la provincia del esquema dispuesto por el Decreto 59/2026, que redujo o eliminó derechos de exportación para el petróleo convencional. A cambio de ese beneficio fiscal, las operadoras deberán destinar los ingresos adicionales a incrementar inversiones en exploración, desarrollo y explotación.
La ley fija como principio central la reinversión productiva. Los recursos incrementales derivados de la eliminación de retenciones deberán canalizarse prioritariamente hacia proyectos en áreas maduras, marginales o de producción en declino, un punto clave para la cuenca del Golfo San Jorge.
Además, la norma establece que el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hidrocarburos, podrá determinar de manera individualizada los montos o metodologías de inversión que deberá cumplir cada concesión. También habilita la firma de acuerdos específicos con cada operadora, en función de las condiciones comerciales y productivas de cada bloque.
El régimen contempla sanciones en caso de incumplimiento, aplicando el esquema previsto en la Ley XVII N°102, que regula las obligaciones de las empresas concesionarias en materia de actividad petrolera.
La legislación también fija plazos para la reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá establecer en un máximo de 60 días el mecanismo para calcular las inversiones adicionales que deberán realizar las empresas como resultado del nuevo esquema fiscal. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por un período adicional de hasta otros dos años.
La ley fue sancionada por la Legislatura provincial el 2 de marzo y promulgada por el gobernador Ignacio Agustín Torres mediante el decreto 235 firmado el 6 de marzo.
