El Senador Carlos Linares ha expresado su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares, argumentando que el proceso legislativo carece de un debate amplio y transparente, y que la ley no debe ser modificada sin la participación de todos los sectores involucrados. Además, recordó el plebiscito de Esquel de 2003, donde el 83% de la población votó en contra de la explotación minera, y advirtió que la minería beneficia a unos pocos y no al pueblo argentino.
El inicio del tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares en el Congreso abrió un escenario de fuerte tensión política y técnica en el Senado de la Nación. En ese contexto, el senador nacional por Chubut, Carlos Linares, cuestionó con dureza la forma en que se está impulsando el debate en el plenario conjunto de Ambiente y Minería, advirtió sobre irregularidades en la conformación de las comisiones y reclamó un proceso serio, amplio y con sustento técnico que permita construir una norma con consenso y seguridad jurídica.
El Senado firmó dictamen de la reforma a la Ley de Glaciares y prevé tratar el proyecto el 10 de febrero, en el marco de sesiones extraordinarias.
el legislador aseguró que la discusión legislativa se está desarrollando “en un marco que nace mal”, al sostener que la integración de las comisiones no respeta la representación proporcional de los bloques. Según explicó, esta situación pone en duda la legalidad del procedimiento y condiciona el futuro de una ley que considera estratégica para el país y, en particular, para las provincias patagónicas.
Linares remarcó que la Ley de Glaciares no puede abordarse como un trámite exprés ni como una formalidad legislativa. A su entender, se trata de una norma sensible que impacta de manera directa sobre los recursos naturales, el ambiente, el desarrollo productivo y las economías regionales. “Estos temas no son express”, insistió, al tiempo que reclamó tiempos razonables para escuchar a especialistas, técnicos, científicos, provincias y actores sociales involucrados.
El senador fue enfático al aclarar que su postura no es contraria a la minería como actividad. Señaló que Argentina es un país minero y recordó que la explotación hidrocarburífera también forma parte de esa matriz extractiva. Sin embargo, planteó que el debate debe ser honesto y completo, sin minimizar los impactos ambientales ni ocultar las consecuencias reales de cada proyecto. “Nadie dice que está en contra de la minería, pero hay que decir toda la verdad”, sostuvo
En ese marco, Linares advirtió que el camino elegido por el oficialismo nacional no garantiza el objetivo que dice perseguir: brindar seguridad jurídica a las inversiones. Por el contrario, alertó que una ley aprobada sin consenso y con cuestionamientos de origen terminará judicializada, generando el efecto inverso al buscado. “Ningún inversor serio va a venir a un país donde todo está judicializado”, afirmó, marcando una preocupación compartida por varios sectores productivos.
Durante la entrevista, el senador también se refirió al cruce que mantuvo en comisión con el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y a la tensión política que atravesó la jornada. Más allá de los intercambios personales, Linares insistió en que el foco debe estar puesto en el contenido de la ley y en el impacto real que la actividad minera deja en cada provincia. “No alcanza con hablar de minería; hay que discutir qué deja concretamente en los territorios”, planteó en otro tramo de su entrevista con “La Decana de la Patagonia”.
Desde su mirada, las provincias patagónicas, y especialmente aquellas con presencia de glaciares y ambientes periglaciares, deben tener una participación central en el debate. Consideró indispensable evaluar no solo la viabilidad económica de los proyectos, sino también su sostenibilidad ambiental y social a largo plazo, en regiones donde el agua y los ecosistemas cumplen un rol estratégico.
Linares también cuestionó la premura con la que se busca emitir dictamen y llevar el tema al recinto. Aseguró que existen señales de que el texto ya estaría definido de antemano, lo que, según su visión, vacía de contenido el debate parlamentario. “Un tema tan importante para el país no puede tratarse de esta forma”, subrayó, al advertir que el apuro legislativo debilita la calidad institucional.
“Achicar” la zona “periglaciar”, a partir de una nueva definición, es el objetivo principal de los cambios a la Ley de Glaciares.
En un contexto legislativo marcado además por la discusión del Presupuesto 2026, el senador vinculó el tratamiento de la Ley de Glaciares con un escenario político más amplio, atravesado por tensiones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Sin adelantar definiciones formales, expresó su preocupación por el impacto que las decisiones nacionales pueden tener sobre las provincias patagónicas y sus posibilidades de desarrollo.
Hacia el cierre de la entrevista, Linares volvió a insistir en la necesidad de recuperar el sentido del debate parlamentario como espacio de construcción colectiva. Reivindicó el rol del Congreso como ámbito para escuchar todas las voces y advirtió que avanzar sin consenso en leyes estructurales solo profundiza la desconfianza y la conflictividad. Para el senador, el desafío no es acelerar los tiempos, sino construir una ley sólida, legítima y capaz de perdurar en el tiempo
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