PAMI La Pampa acumula una deuda millonaria con las clínicas privadas de la Provincia.
Solo al Sanatorio Santa Rosa le deben 350 millones de pesos del año pasado, deuda que asciende a 800 millones de pesos en los primeros 50 días de 2026
El gobierno libertario dejó de pagarle a las clínicas y sanatorios privados y les cortarán el servicio: afectará a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas.
El Sanatorio Santa Rosa, la Clínica Modelo y Polymedic, de la capital provincial, y la Clínica Regional Clínica Argentina de Generalo Pico le pusieron fecha al corte: el martes 10 de febrero, dejan de atender a PAMI
Ante esta situación, las clínicas privadas solicitaron ayuda a la Provincia, que también atraviesa una crítica situación en su sistema de salud, porque Nación tampoco les paga.
Desde el sector privado recordaron que la vez anterior que PAMI no pagó, , en septiembre de 2024, lo resolvieron gracias a la intervención del Gobernador Sergio Ziliotto. Sin embargo, Salud Pública figura también entre quienes no cobraron.
Para las clínicas privadas el PAMI representa el 40 % de la recaudación.
En la nota enviada a las autoridades de PAMI Nación, que en La Pampa comanda el libertario Luciano Ortiz, las clínicas pampeanas, junto a otras de la Patagonia, señalaron que “la situación económico-financiera de las instituciones es sumamente crítica”.
Resaltaron que se llegó a esta situación por una “depreciación sostenida de los valores arancelarios” y un marcado atraso en los pagos, problemática que se ha agudizado considerablemente durante los últimos dos meses.
El impacto de estos retrasos es determinante para la subsistencia de las clínicas, dado que la participación del PAMI en los ingresos totales de estas instituciones representa, en promedio, el 40%. En un contexto de estructuras económicas ajustadas, las autoridades sanitarias remarcaron que “cualquier demora en los pagos genera desequilibrios de muy difícil resolución”.
Uno de los puntos más alarmantes destacados en el comunicado es la dificultad para afrontar las obligaciones laborales. Las clínicas dependen del cobro de la facturación de los módulos de Nivel II y III para pagar los salarios de su personal, los cuales históricamente se abonan el último día hábil de cada mes.
El corrimiento de las fechas de pago por parte de la obra social implica, en muchos casos, “la imposibilidad material de abonar los haberes”, lo que conlleva graves consecuencias para la operatividad diaria de los prestadores. A esto se suma un atraso de un mes en el pago de las prestaciones ambulatorias y una pérdida del valor real de los módulos frente a la inflación.
Si no reciben una respuesta acorde, desde el 10 de febrero cortarán los servicios de manera progresiva: comenzarán con la suspensión de “prestaciones ambulatorias y programadas”, con el objetivo de preservar, mientras sea posible, la atención de urgencias.
“Estas acciones no son medidas de fuerza gremial ni responden a una voluntad deliberada, sino que son la consecuencia inevitable de la imposibilidad de sostener los costos operativos únicamente con el esfuerzo de las empresas”, señalaron.
De persistir el silencio oficial, advirtieron que “la suspensión total de las prestaciones se tornará inevitable”, generando un perjuicio directo para los jubilados y pensionados de la región.
Reclaman:
La regularización inmediata de la deuda existente.
Una reunión urgente para consensuar soluciones que garanticen la sustentabilidad.
La reactivación de una “mesa técnica” de trabajo para adecuar los aranceles
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