La tensión entre PAMI y los prestadores privados de salud en la Patagonia escaló esta semana a un punto crítico. Clínicas y sanatorios de cuatro provincias confirmaron la suspensión de la atención programada y de las prestaciones ambulatorias no urgentes para afiliados del organismo, como consecuencia de una crisis financiera que arrastran desde hace meses.
La medida comenzó a aplicarse de manera progresiva desde este martes 10 de febrero, luego de que no prosperaran los reclamos formales realizados ante el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). En una nota enviada el 4 de febrero al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, los prestadores habían advertido que, sin respuestas inmediatas, la continuidad del servicio se vería seriamente afectada.
Según explicaron, la situación se volvió insostenible por la combinación de atrasos en los pagos, corrimiento de las fechas de cobro y la falta de actualización de los valores que el PAMI abona por consultas, estudios y módulos de internación de Nivel II y III.
Ese desfasaje, señalaron, los obligó a absorber costos crecientes en medicamentos, tecnología, insumos y estructura, en un contexto inflacionario que no fue acompañado por una recomposición de aranceles.
Desde las entidades aclararon que no se trata de una medida de fuerza, sino de una consecuencia directa del deterioro económico. “No estamos en condiciones de garantizar la continuidad normal de los servicios”, habían anticipado en el comunicado previo.
Por ahora, las guardias, urgencias y emergencias continúan funcionando, pero no descartan avanzar hacia una suspensión total si el conflicto no se destraba. El peso de PAMI en la ecuación financiera de las clínicas es determinante: representa, en promedio, el 40% de sus ingresos y en algunos establecimientos supera el 50%.
Esa dependencia convierte a los pagos del organismo en un factor clave para sostener salarios, proveedores y el funcionamiento cotidiano de los centros de salud. De hecho, los atrasos ya impactaron en el cumplimiento en tiempo y forma de los sueldos del personal.
El comunicado fue firmado por más de 28 instituciones privadas. En Chubut adhirieron las clínicas San Miguel, Del Valle, Instituto Pueblo de Luis, Sanatorio de la Ciudad e Instituto Cardiovascular Rawson.
El conflicto también tiene efectos colaterales sobre el sistema público.
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