La Asociación Civil de Pescadores de Santa Cruz (ACPSC) repudió el accionar de emprendimientos privados en la zona de «Las Buitreras». Denuncian el uso de la fuerza policial para intimidar a ciudadanos y el retiro de señalización oficial instalada por el Gobierno Provincial.
a tensión en las cuencas hídricas de Santa Cruz ha escalado en las últimas horas tras un duro comunicado emitido por la ACPSC. La organización denunció públicamente a la Estancia Las Buitreras y al Buitreras Lodge por llevar adelante acciones que calificaron como «ilegales, arbitrarias y provocadoras».
Denuncias de intimidación y «disciplinamiento»
Según el comunicado de la asociación, desde hace más de diez días se viene registrando una utilización indebida de la fuerza policial. Los pescadores aseguran que los efectivos son utilizados para «increpar, intimidar y atemorizar» a quienes practican la pesca deportiva, en lo que consideran un intento de «apriete» para impedir el acceso a espacios que son, por ley, públicos.
«No vamos a permitir que se presione al Estado ni que se utilicen fuerzas de seguridad para defender intereses privados por encima del bien común», sentenciaron desde la comisión directiva de la ACPSC.
Desafío a las autoridades provinciales
Uno de los puntos más graves de la denuncia señala que los responsables de los Lodge habrían retirado de forma ilegal la cartelería y los candados que el Gobierno Provincial, bajo la gestión del Gobernador Claudio Vidal, había instalado recientemente.
Estas medidas oficiales tenían como objetivo:
Garantizar derechos de acceso a los ríos para todos los ciudadanos.
Poner fin a privilegios que, según la asociación, se sostuvieron durante años de manera irregular.
Hacer cumplir la ley y exigir que los emprendimientos turísticos (Lodges) estén debidamente en regla ante la Secretaría de Pesca.
Llamado a la transparencia
Desde la ACPSC vincularon esta reacción de los privados con una «maniobra política y mediática» que busca poner a los pescadores en contra del Gobierno, debido a que se han comenzado a fiscalizar los proyectos de pesca que antes operaban sin control.
Finalmente, la Asociación reafirmó su apoyo a las políticas de la Secretaría de Pesca que busquen la igualdad ante la ley y el acceso responsable a los ríos. Asimismo, instaron a la comunidad a no permitir actos de corrupción y a realizar las denuncias pertinentes ante el destacamento policial o la Gendarmería Nacional.
«La ACPSC no va a retroceder. Vamos a seguir defendiendo el acceso público y una pesca deportiva sin privilegios», concluye el documento.
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